HCE_011 Sesión ordinaria jueves 25 junio 2015

 

  • Se busca que Aguascalientes sea la primer entidad federativa con contar con un Sistema Estatal Anticorrupción.
  • Más herramientas para prevenir y castigar los actos de corrupción pública.
  • Nueva legislación en materia de transparencia obligará a las autoridades, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales a dar a conocer recursos públicos, toma de decisiones, servicios, entre otros.

 

El día de hoy la Diputada Martha Márquez dio a  conocer en tribuna del H. Congreso del Estado, que el pasado 23 de Junio de 2015, en conjunto con la Diputada Sylvia Garfías Cedillo, hicieron entrega de una iniciativa que contiene proyecto de decreto, por el que se reforma y adicionan preceptos a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y también por el que se expide la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.

 

Márquez comentó que el derecho a la información en sociedades donde prive un Estado de derecho, implica la posibilidad y la capacidad de los individuos de buscar, recibir y difundir cualquier tipo de información, por cualquier medio existente en un contexto en que dichas posibilidades y capacidades estén garantizadas por el propio Estado, según han señalado varios estudiosos.

 

Para la bancada azul es evidente que al hablarse del derecho de acceso a información pública se entiende que la información debe ser veraz, relevante, que deben existir en los mecanismos pertinentes y óptimos para que sea accesible a todos los ciudadanos y que debe ser documentada y debidamente archivada con la finalidad de volver expedito el acceso a ella.

 

Con esta iniciativa se pretende garantizar a rango de la Constitución local el derecho de acceso a la información que deben disfrutar todos los aguascalentenses, adicionalmente se pretende expedir la nueva ley en la materia para poner a Aguascalientes dentro de las primeras entidades en alinear dicha norma con la Ley General.

 

Martha Márquez también presentó, una  Iniciativa en virtud de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en el sentido de homologar e incorporar los principios y disposiciones que postula el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Mencionó que dicha iniciativa contempla, lo siguiente: La reincorporación del Tribunal Contencioso Administrativo, ya que se estableció a nivel federal la obligación de los Estados para contar con un Tribunal de Justicia Administrativa, que sea un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Mismo que seguirá dirimiendo las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades del Estado, de los Municipios y sus Organismos Descentralizados o con otras personas en funciones de autoridad. Pero resaltando el hecho de que en su autoridad impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

 

También  se amplía el marco regulatorio en relación con la responsabilidad de los servidores públicos, haciendo distinción entre faltas administrativas graves y no graves.

 

Añadió, que se propone la incorporación del Sistema Estatal Anticorrupción, derivado de la obligación que recae para las entidades federativas, para establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

 

Hizo mención que para las y los diputados de Acción Nacional está claro que la confianza de la sociedad en su gobierno es fundamental, por ello creen en un gobierno, que regido por lo ético prevenga, evite y combata los actos de corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una cultura de la honestidad que exige mecanismos de participación ciudadana.