FHA_17102015

 

*El proyecto se establecen responsabilidades y castigos a los servidores públicos que endeuden a los ciudadanos.

 *El endeudamiento, lejos de corregirse, se sigue agravando y actualmente se ha disparado a más de 8 billones de pesos.

 *De aprobarse la reforma toda persona tendrá derecho a contar con finanzas públicas estables y el Estado no podrá contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos de ningún tipo.

 

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila, suscribió una iniciativa de reforma constitucional para prohibir el endeudamiento tanto del gobierno federal, como del estatal y municipal, así como en el Distrito Federal.

El legislador por Aguascalientes advirtió que en este proyecto se establecen responsabilidades y castigos a los servidores públicos que endeuden a los ciudadanos.

Además, el representante popular explicó que se da un período de gracia para que en 2016 las administraciones públicas puedan ejercer la deuda que tengan aprobada, a fin de evitar la práctica de muchos gobiernos de heredarles el problema de deuda a gobiernos futuros.

Fernando Herrera Ávila expuso “con esta iniciativa se pretende limitar a los gobiernos para empoderar al ciudadano y eliminar de una vez por todas la facultad que tienen de endeudarnos e hipotecar nuestro futuro y el de nuestras familias”.

Aseguró que el gobierno no tiene control de la deuda, ya que al inicio de la actual administración estimó que para 2016 la deuda pública representaría el 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y hoy reconoce que se llegará al 48 por ciento.

“Esto significa que la deuda pública, por cada trabajador mexicano, es de más de 160 mil pesos y cada niño que nace hoy ya debe más de 70 mil pesos”, precisó Herrera Ávila.

En ese sentido, agregó que tampoco podrá imponer impuestos arbitrarios ni de carácter confiscatorio, en tanto que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se someterán a una política de déficit cero.

El legislador blanquiazul apuntó que las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar doce meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos doce meses.

Asimismo, será el Poder Legislativa quien tendrá la facultad de fijar responsabilidades, los tipos penales y sus sanciones a los servidores públicos que endeuden al Estado.

Para el senador panista, lo peor de todo es que esta administración se empeña en correr riesgos innecesarios que al final de cuentas tiene que pagar la ciudadanía, ya que la deuda externa del gobierno ha ido creciendo de manera significativa y la trayectoria que está siguiendo apuntan a que en 2030 puede llegar a representar el 90 por ciento del PIB.

 

La iniciativa que reforma los artículos 25, 73 y 117 de la Constitución,  se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.