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·       Cumple su compromiso de llevar a la Cámara Alta, la exigencia de las personas con discapacidad sobre el respeto pleno de sus derechos

·       Ya no debe haber más indiferencia ni interpretaciones a lo que establece la Ley General de Personas con Discapacidad, sostiene

·       La verdadera  problemática no son nuestras limitaciones motoras, sino las barreras del entorno físico o social

 

Refrendando su palabra empeñada con las personas con discapacidad de intervenir para que cuenten con una mayor atención a sus necesidades  y se respeten plenamente sus derechos,  el Senador por Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, presentó un punto de acuerdo junto con una propuesta basada en cinco puntos,  a fin de que las autoridades de los diversos órdenes de gobierno cumplan con el marco legal existente en beneficio de ese importante sector de la sociedad.

Puntualizó que ya no debe haber indiferencia ni interpretaciones a lo que establece la Ley General de Personas con Discapacidad,  y se deben cumplir sus objetivos en beneficio de más de 5.7 millones de personas consideradas en México, y que representa el 5.1 por ciento de los habitantes en este país.

Orozco Sandoval reconoció un avance en las leyes y en la sensibilidad de la sociedad, en cuanto al trato a los grupos poblacionales  en situación de vulnerabilidad.  Tales son los fundamentos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y su Reglamento; el Programa Nacional para el Desarrollo  y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad.

Pero aclaró que si bien,  la ejecución de los programas corresponde al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con  Discapacidad (CONADIS), dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, el resto de las Secretarias obligadas no han dado cumplimiento al mandato legal.

Identificó como un primer  obstáculo la  dificultad de los estados y municipios para acceder a la información total y transparente, así como las reglas de operación y evaluación.

“Basta consultar su portal o página oficial, donde se observan  la cantidad de programas publicados  en las que incluyen a personas con discapacidad; sin embargo, se desconoce particularmente en el Estado de Aguascalientes y sus municipios la implementación, ejecución y evaluación de estos programas, las reglas de operación, ni  mucho menos  los resultados obtenidos de ellos -pues dicho sea de paso- no se puede hablar como programas de desarrollo social e inclusión de personas con discapacidad, el reparto de televisores y tabletas electrónicas”.

Convocó en tanto, a que cada una de las secretarías obligadas en el la Ley General, por conducto de las Delegaciones Federales en el Estado de Aguascalientes, diseñen, difundan, ejecuten y evalúen los programas nacionales para las personas con discapacidad y faciliten el acceso a los mismos.

Igualmente, abordó la inequidad en los recursos federales que se destinan para las dependencias que brindan la atención a la discapacidad en México.  En este año sólo hubo el incremento de poco más de 233 millones de pesos con relación al 2014, mientras que otras áreas del sector público ha sido mayor, estando como ejemplo la Cámara de Senadores.

Además, las barreras arquitectónicas siguen representando un obstáculo para las personas con discapacidad. La  mayoría de los edificios y espacios públicos no cuentan con la infraestructura adecuada para su acceso.

“Es necesario que se establezcan estrategias y se ejecuten las acciones en los tres niveles de gobierno a fin de contar con diagnósticos y estadísticas que sean publicados de forma periódica y trasparente, asumiendo compromisos para  actualizar o elaborar normas regulatorias, para lograr un entorno físico o social accesible, adoptando medidas y ajustes razonables para eliminar y erradicar los obstáculos en instalaciones públicas y privadas, y aplicando el diseño universal, de acuerdo a las necesidades específicas de las personas  con discapacidad, con el apoyo del INEGI”, recomendó.

También está la falta de  armonización legislativa, sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  En la ley General y el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad  2014-2018, se buscó garantizar que en principio como mínimo el  3 por ciento de las vacantes laborales existentes en la administración pública sean destinadas a la contratación de personas con discapacidad; siendo que en estados como Aguascalientes en la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad establece para el sector público la obligación de otorgarles un mínimo de 2 por ciento de la planta laboral.

El Senador por Aguascalientes, planteó el panorama actual que guarda la discapacidad en este país. En 19 de cada 100 hogares reside una persona que presenta  algún problema de movilidad, audición o de la vista, siendo las personas mayores de 60 años de edad, el sector de la población con mayor incidencia.

También consideró al sector de la población joven que enfrenta contextos de exclusión y de discriminación que violentan sus derechos.  Citando los datos de la  Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), más de 674 mil jóvenes declararon tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades básicas del funcionamiento humano.

Así, quienes tienen entre 15 y 29 años padecen esa condición, lo cual equivale a casi dos millones  jóvenes.

Destacó al mismo tiempo, la importante participación que puede tener la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, para difundir información sobre las garantías que tienen  las personas con discapacidad y vigile su respeto pleno.

Exhortó finalmente a no ser parte de las barreras que  enfrentan las personas con discapacidad, entendiendo que  “la verdadera  problemática no son nuestras limitaciones motoras, sino las barreras del entorno físico o social, que hace imposible nuestra inclusión a la sociedad”.